Gobierno de Gandia firme ante la ocupación ilegal de pisos

Ocupación ilegal Gandia

El Gobierno de Gandia sigue mostrándose inflexible en desalojar aquellos pisos que se ocupan de forma ilegal, unas viviendas que en su mayoría se quedan vacías tras un embargo judicial, y que son propiedad de entidades bancarias. Desde el inicio de legislatura, en junio de 2011, la Policía Local ha conseguido precintar 14 y tapiar 12 de estas viviendas, tras desalojar a sus ocupantes, sin usar la fuerza, en diferentes barrios de la ciudad.

El alcalde de Gandia, Arturo Torró, y el intendente de la Policía Local, Marc Cuesta, han acompañado esta mañana a los agentes en una de estas acciones, a la que también se ha invitado a medios de comunicación. En primer lugar, se ha comenzado a tapiar un piso ya desalojado en el número 15 de la calle La Safor, y posteriormente, la comitiva se ha dirigido al número 1 de la calle Ròtova, una escalera donde ya hay 3 pisos precintados, 3 tapiados y dos en proceso de aviso para su desalojo.

En estos casos, la Policía Local actúa tras una denuncia de los vecinos o de los agentes de barrio, y al detectar el allanamiento de morada, inician un proceso que desemboca, tras una orden judicial, en el desalojo de los ocupantes, y el precintado o tapiado, según los casos, para evitar riesgos para la seguridad de las personas.

En ningún caso los ocupantes de estos pisos son familias o personas necesitadas de Servicios Sociales, sino que todos estaban implicados en actos delictivos, confirmaron las fuentes oficiales.

“Se trata de personas o grupos organizados e itinerantes que no son de Gandia, que se mueven por toda España, y que destinan estos pisos al consumo y tráfico de drogas, a la prostitución, o incluso algunas viviendas se convierten en almacenes de objetos procedentes de robos”, señaló Marc Cuesta, y añadió que en varias ocasiones, unos días antes de abandonar la vivienda “se llevan objetos que puedan tener algún valor como marcos de ventanas, grifos, o cables de cobre”.

En todos los casos, tras recibir el aviso, las viviendas (que no tienen suministro de luz ni agua) fueron abandonadas de forma voluntaria, antes de que intervinieran los agentes por la fuerza para su tapiado o precintado.

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